Todas y todos conocemos las técnicas de adelgazamiento del llamado Estado del bienestar. Podemos decir que las políticas neoliberales llevan ya años sometiéndolo a un régimen estricto. A las conocidas liberalizaciones de sectores públicos, subcontrataciones y rebajas fiscales imperantes desde 1995 en todo el Estado español, se le suma ahora esta novedosa técnica de adelgazamiento que afecta a las pensiones de jubilación y que pondrá en marcha el Gobierno Vasco (GV), de la mano de EA en su Consejería de Empleo, Justicia y Seguridad Social, el visto bueno gozoso del PNV, y el desmarque, esperable cuando menos, de EBb.

Básicamente, se trata de un plan de ayudas fiscales y subvencionales, para que los trabajadores se financien en un futuro próximo sus pensiones públicas con complementos privados, en previsión de que el nivel actual de pensiones no pueda mantenerse. Según el GV, dentro de unos años no será posible mantener el actual sistema de pensiones, así que, mediante este plan, incentivará a los trabajadores durante los próximos ocho para que, individualmente, complementen sus pensiones con previsiones privadas. Su objetivo es que éstas alcancen el 20% de la pensión total futura, y llegar al 70% de los trabajadores en el plazo dispuesto.

Una técnica de adelgazamiento más, ciertamente preocupante, que cuestiona el actual sistema de pensiones olvidando que éstas son un derecho y una conquista social de muchos años de luchas obreras. Cabe preguntarse porqué no se incide en las diversas fórmulas que existen, hoy por hoy, para garantizar un nivel de pensiones público, justo y digno en el futuro. Por ejemplo, modificando la política fiscal para que se incrementen los fondos de la Seguridad Social (SS), en base a las rentas del trabajo y del capital, de manera más progresiva que en la actualidad, incrementando la presión en los tramos de las rentas altas; o incrementando las aportaciones a la SS de los trabajadores en base a lo que ganan, de forma que quienes más ganen aporten más de lo que aportan en la actualidad; o congelando durante unos años el incremento de las pensiones insultantemente altas, desviando la diferencia a los fondos de la SS... Aunque mucho nos tememos que el PSOE gobernante no está por la labor. Cualquier cosa antes que privatizar las pensiones....

Seguro que Solbes y más de un presidente autonómico ya están tomando buena nota para seguir con sus planes de adelgazamiento en el conjunto del Estado, ya que muchos llevan tiempo buscando excusas para hincarle el diente a las pensiones... siempre las pensiones. Unos y otros parecen olvidar que el sistema funciona, que todos los años obtiene notables incrementos, y que la aportación del capital de trabajo inmigrante le augura ejercicios boyantes a largo plazo.

Este plan es, por último, toda una patata caliente para EBb, que imagino se desmarcará en el Consejo de Gobierno cuando se apruebe, o en el Parlamento si este asunto llega allí, que llegará. Esperemos, en cualquier caso, que dicho plan nunca tenga que ponerse en práctica gracias a la optimización necesaria del sistema que hoy ya tenemos.

El espectáculo que vienen dando en los últimos tiempos las instituciones del país en materia de vivienda es lamentable. Prácticamente no pasa una sola semana sin que el Gobierno Vasco, de un lado, y las Diputaciones y Eudel, del otro, se lancen mutuamente los trastos a la cabeza. Lamentable y ridículo, además.

No sin razón, el Gobierno Vasco sostiene que su principal objetivo es promover vivienda pública, en venta o alquiler, a precios asequibles y dirigida a todas aquellas personas que, estando inscritas en Etxebide -72.000-, no superen los máximos exigidos para acceder al mercado público (algo más de 30.000 euros de renta anual). Un objetivo acertado, más allá de la necesidad de seguir redoblando esfuerzos en la promoción del alquiler, construyendo nuevas pero sobre todo movilizando las miles de viviendas vacías registradas actualmente en la CAPV. Parece lógico que los esfuerzos de la principal institución del país se centren en satisfacer las necesidades de quienes más necesitados andan en este terreno, especialmente los jóvenes. Por su parte, las recién instauradas políticas de vivienda de las Diputaciones, en colaboración con los Ayuntamientos, pretenden dar salida a ese sector poblacional que supera los parámetros de Etxebide y encuentra muchísimas dificultades para acceder al mercado libre; precios desbordantes, condiciones bancarias insultantes y nada que muchos no conozcamos ya. Sólo en Etxebide serían unos 15.000 los demandantes en esta situación. Una cifra nada desdeñable, y desde luego, digna de la atención que parece quieren prestarle Diputaciones y Eudel vía promoción de vivienda tasada, entre la vivienda oficial y la de libre mercado.

Con la salvedad de los casos de Barakaldo, Abanto y Lekeitio, en los que según parece, los tribunales tendrán que fallar acerca de la legalidad de los proyectos forales y municipales previstos, cabe preguntarse qué problema hay para que las mencionadas instituciones, cada cual en su ámbito competencial y centradas en sus respectivos objetivos, acometan sus planes sin más. Sus máximos responsables deben dejar de hacer el ridículo porque nadie entiende las peleas, ni el supuesto celo competencial que se traen. Lo que la gente quiere es que las instituciones respondan a las necesidades públicas, y reparando en las cifras señaladas, es evidente que tanto la vivienda pública, como en menor medida la vivienda tasada, son necesidades públicas de primer orden. Quizá lo que esté detrás de la trifulca interinstitucional no sea otra cosa que el celo por rentabilizar personal o partidistamente las distintas políticas en curso. Muy humano, aunque poco alentador para una ciudadanía que reclama representantes a la altura de sus responsabilidades.

Un retraso de vuelos en el aeropuerto de Loiu impidió a los abogados defensores de los imputados en el caso Egunkaria acudir a la Audiencia Nacional justo el día y hora que habían sido citados. La vista ha sido lógicamente aplazada y aún habrá que esperar más, si cabe, para saber el destino que la justicia española les depara. Unas semanas más de prórroga tras dos años de "cierre cautelar". Es poco probable que el azar haya operado en forma de obligado aplazamiento, para que las altas esferas judiciales opten finalmente por denostar una instrucción que nunca debió comenzar.

El Parlamento Vasco, con avales de PNV, EHAK, EA, EBb y Aralar, ha exigido el archivo y sobreseimiento del caso, instando al Gobierno español a manifestarse en contra de su instrucción, como uno más de los gestos de distensión que se le reclaman insistentemente desde Euskadi.

Sorprende gratamente la amplia cobertura de la propuesta aprobada el pasado 18 de noviembre, que ojalá sea el preludio de muchas iniciativas más. Desde el punto de vista jurídico, resumía las carencias del caso y recogía sobradamente los derechos y libertades que se pisotean: libertad de prensa, expresión, derecho a la presunción de inocencia etc. Resulta evidente la ligazón de este sumario (el único instruido en el Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional y el único por el juez Del Olmo), con el resto de casos del macro-sumario 18/98 +, puesto que al final hablamos de lo mismo: la vulneración de la presunción de inocencia entre otros derechos y libertades fundamentales, como el derecho de asociación, manifestación o reunión. Ello sin olvidar que estamos ante el único diario del mundo escrito en euskera y que su cierre perjudica gravemente la difusión y la normalización de la lengua.

Fue importantísima, por prestigiosa y neutral, la alusión por parte de los grupos proponentes a Amnistía Internacional. Un organismo que todos los años denuncia al Estado español por violaciones de derechos humanos, similares al caso y peores, junto a otros Estados llamados democráticos y de derecho. Estaría bien recordárselo al PSOE. Bastaría con echar un vistazo al informe sobre violaciones de derechos humanos y torturas en España publicado en diciembre de 2004, el más completo y detallado de todos. Por otro lado, los testimonios de torturas durante los interrogatorios de la policía española ponen los pelos de punta. Sería interesante recordarle igualmente al PSOE algunos de los pasajes de los torturados. (Los testimonios más duros están en  www.jotake-lahaine.org).

Coincidieron, quienes apoyaron la propuesta, en fijar un diagnóstico común para la situación política de la Euskadi de hoy, así como en la citada demanda de archivo y sobreseimiento, por razones además de legales, también políticas, dado que si el Gobierno español se mostrara partidario de tal posibilidad supondría un importante gesto de distensión, como ya se ha dicho también.

Será difícil sustraer a determinados sectores del vasquismo de izquierdas, de la ambigüedad calculada que han hecho gala hasta la fecha a la hora de relacionar este asunto con el conjunto del 18/98+. En todo caso, habrá que seguir insistiendo en lo de los gestos de distensión; éste y otros más que se han demandado y que tienen mucho que ver con los derechos de los presos, la dispersión o con la voluntad de realizar manifestaciones como las que un día alumbraron el proceso de paz en Irlanda por parte del Gobierno británico; respetando eso de la separación de poderes y consecuentemente haciendo un llamamiento a la separación real en el Estado español, que tanto hoy como en la etapa del PP brilla por su ausencia. Ejemplos tenemos para dar y tomar. De carácter general, la misma designación de puestos en la estructura del poder judicial, que veta a las minorías y sobredimensiona a las mayorías; o el hecho de que el Fiscal Jefe del Estado sea nombrado por el Gobierno. En lo concreto, la persistencia en el caso Atutxa, el propio 18/98+ o los encausamientos de Arnaldo Otegi (no pararán hasta encarcelarlo), con el apoyo explícito del PSOE.

El delito debe perseguirse respetando los derechos humanos y las garantías jurídicas y procesales, cosa que en este caso no se ha hecho. Es ineludible en este sentido hablar del propio sistema penal español: un código penal endurecido en la era PP que ha llenado las cárceles de presos; el abandono de las políticas resocializadoras (con las muertes en Nanclares y Martutene como desgraciados exponentes); la Ley Antiterrorista, que es una ley excepcional aprobada en 1981 con el visto bueno de las oligarquías parlamentarias de la época, PSOE, UCD y AP, y que ha servido para violar sistemáticamente los derechos de los detenidos; o la Audiencia Nacional, que sustituye al Tribunal de Orden Público franquista y que es desde sus inicios otro juzgado excepcional más. No podemos estar de acuerdo con este sistema.

Además, debemos exigir que los delitos sean tratados individualmente, respetándose la presunción de inocencia y las garantías jurídico-procesales; renunciándose a la aplicación de medidas excepcionales, las que corresponden al sistema judicial y penal, o las que, como el cierre "cautelar" del periódico, corresponden únicamente a este sumario.

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