El Retrovisor

Un retraso de vuelos en el aeropuerto de Loiu impidió a los abogados defensores de los imputados en el caso Egunkaria acudir a la Audiencia Nacional justo el día y hora que habían sido citados. La vista ha sido lógicamente aplazada y aún habrá que esperar más, si cabe, para saber el destino que la justicia española les depara. Unas semanas más de prórroga tras dos años de "cierre cautelar". Es poco probable que el azar haya operado en forma de obligado aplazamiento, para que las altas esferas judiciales opten finalmente por denostar una instrucción que nunca debió comenzar.

El Parlamento Vasco, con avales de PNV, EHAK, EA, EBb y Aralar, ha exigido el archivo y sobreseimiento del caso, instando al Gobierno español a manifestarse en contra de su instrucción, como uno más de los gestos de distensión que se le reclaman insistentemente desde Euskadi.

Sorprende gratamente la amplia cobertura de la propuesta aprobada el pasado 18 de noviembre, que ojalá sea el preludio de muchas iniciativas más. Desde el punto de vista jurídico, resumía las carencias del caso y recogía sobradamente los derechos y libertades que se pisotean: libertad de prensa, expresión, derecho a la presunción de inocencia etc. Resulta evidente la ligazón de este sumario (el único instruido en el Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional y el único por el juez Del Olmo), con el resto de casos del macro-sumario 18/98 +, puesto que al final hablamos de lo mismo: la vulneración de la presunción de inocencia entre otros derechos y libertades fundamentales, como el derecho de asociación, manifestación o reunión. Ello sin olvidar que estamos ante el único diario del mundo escrito en euskera y que su cierre perjudica gravemente la difusión y la normalización de la lengua.

Fue importantísima, por prestigiosa y neutral, la alusión por parte de los grupos proponentes a Amnistía Internacional. Un organismo que todos los años denuncia al Estado español por violaciones de derechos humanos, similares al caso y peores, junto a otros Estados llamados democráticos y de derecho. Estaría bien recordárselo al PSOE. Bastaría con echar un vistazo al informe sobre violaciones de derechos humanos y torturas en España publicado en diciembre de 2004, el más completo y detallado de todos. Por otro lado, los testimonios de torturas durante los interrogatorios de la policía española ponen los pelos de punta. Sería interesante recordarle igualmente al PSOE algunos de los pasajes de los torturados. (Los testimonios más duros están en  www.jotake-lahaine.org).

Coincidieron, quienes apoyaron la propuesta, en fijar un diagnóstico común para la situación política de la Euskadi de hoy, así como en la citada demanda de archivo y sobreseimiento, por razones además de legales, también políticas, dado que si el Gobierno español se mostrara partidario de tal posibilidad supondría un importante gesto de distensión, como ya se ha dicho también.

Será difícil sustraer a determinados sectores del vasquismo de izquierdas, de la ambigüedad calculada que han hecho gala hasta la fecha a la hora de relacionar este asunto con el conjunto del 18/98+. En todo caso, habrá que seguir insistiendo en lo de los gestos de distensión; éste y otros más que se han demandado y que tienen mucho que ver con los derechos de los presos, la dispersión o con la voluntad de realizar manifestaciones como las que un día alumbraron el proceso de paz en Irlanda por parte del Gobierno británico; respetando eso de la separación de poderes y consecuentemente haciendo un llamamiento a la separación real en el Estado español, que tanto hoy como en la etapa del PP brilla por su ausencia. Ejemplos tenemos para dar y tomar. De carácter general, la misma designación de puestos en la estructura del poder judicial, que veta a las minorías y sobredimensiona a las mayorías; o el hecho de que el Fiscal Jefe del Estado sea nombrado por el Gobierno. En lo concreto, la persistencia en el caso Atutxa, el propio 18/98+ o los encausamientos de Arnaldo Otegi (no pararán hasta encarcelarlo), con el apoyo explícito del PSOE.

El delito debe perseguirse respetando los derechos humanos y las garantías jurídicas y procesales, cosa que en este caso no se ha hecho. Es ineludible en este sentido hablar del propio sistema penal español: un código penal endurecido en la era PP que ha llenado las cárceles de presos; el abandono de las políticas resocializadoras (con las muertes en Nanclares y Martutene como desgraciados exponentes); la Ley Antiterrorista, que es una ley excepcional aprobada en 1981 con el visto bueno de las oligarquías parlamentarias de la época, PSOE, UCD y AP, y que ha servido para violar sistemáticamente los derechos de los detenidos; o la Audiencia Nacional, que sustituye al Tribunal de Orden Público franquista y que es desde sus inicios otro juzgado excepcional más. No podemos estar de acuerdo con este sistema.

Además, debemos exigir que los delitos sean tratados individualmente, respetándose la presunción de inocencia y las garantías jurídico-procesales; renunciándose a la aplicación de medidas excepcionales, las que corresponden al sistema judicial y penal, o las que, como el cierre "cautelar" del periódico, corresponden únicamente a este sumario.

Mientras eso no ocurra, el caso Egunkaria seguirá caricaturizando el sistema judicial español.

(Este artículo lo puedes encontrar también en Getxo Gorria)