El espectáculo que vienen dando en los últimos tiempos las instituciones del país en materia de vivienda es lamentable. Prácticamente no pasa una sola semana sin que el Gobierno Vasco, de un lado, y las Diputaciones y Eudel, del otro, se lancen mutuamente los trastos a la cabeza. Lamentable y ridículo, además.

No sin razón, el Gobierno Vasco sostiene que su principal objetivo es promover vivienda pública, en venta o alquiler, a precios asequibles y dirigida a todas aquellas personas que, estando inscritas en Etxebide -72.000-, no superen los máximos exigidos para acceder al mercado público (algo más de 30.000 euros de renta anual). Un objetivo acertado, más allá de la necesidad de seguir redoblando esfuerzos en la promoción del alquiler, construyendo nuevas pero sobre todo movilizando las miles de viviendas vacías registradas actualmente en la CAPV. Parece lógico que los esfuerzos de la principal institución del país se centren en satisfacer las necesidades de quienes más necesitados andan en este terreno, especialmente los jóvenes. Por su parte, las recién instauradas políticas de vivienda de las Diputaciones, en colaboración con los Ayuntamientos, pretenden dar salida a ese sector poblacional que supera los parámetros de Etxebide y encuentra muchísimas dificultades para acceder al mercado libre; precios desbordantes, condiciones bancarias insultantes y nada que muchos no conozcamos ya. Sólo en Etxebide serían unos 15.000 los demandantes en esta situación. Una cifra nada desdeñable, y desde luego, digna de la atención que parece quieren prestarle Diputaciones y Eudel vía promoción de vivienda tasada, entre la vivienda oficial y la de libre mercado.

Con la salvedad de los casos de Barakaldo, Abanto y Lekeitio, en los que según parece, los tribunales tendrán que fallar acerca de la legalidad de los proyectos forales y municipales previstos, cabe preguntarse qué problema hay para que las mencionadas instituciones, cada cual en su ámbito competencial y centradas en sus respectivos objetivos, acometan sus planes sin más. Sus máximos responsables deben dejar de hacer el ridículo porque nadie entiende las peleas, ni el supuesto celo competencial que se traen. Lo que la gente quiere es que las instituciones respondan a las necesidades públicas, y reparando en las cifras señaladas, es evidente que tanto la vivienda pública, como en menor medida la vivienda tasada, son necesidades públicas de primer orden. Quizá lo que esté detrás de la trifulca interinstitucional no sea otra cosa que el celo por rentabilizar personal o partidistamente las distintas políticas en curso. Muy humano, aunque poco alentador para una ciudadanía que reclama representantes a la altura de sus responsabilidades.